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En términos políticos prácticos, el principal
inconveniente de los golpes de Estado, al menos en América Latina, no
es tanto su ilegalidad como su anacronismo.
Tiempo atrás, la ilegalidad no era un inconveniente serio para la aceptación.
En
el país se callaba, por temor, mientras que en el exterior algunos
gobiernos reconocían al nuevo hombre fuerte, el asunto se discutía en
la OEA y todo se resolvía -o se diluía- con el tiempo.
A fin de cuentas, se creaba una nueva legalidad.
Ahora es diferente. La historia política ya tiene otro libreto.
Para
muchos ya es algo obvio, pero otros no lo terminan de entender: la
época de los golpes ha terminado y la palabra clave es "legitimidad".
Lo
que está ocurriendo en Honduras refleja fielmente la actual dinámica
política en los países americanos. Empleamos el término "dinámica" en
su sentido mecánico, que trata "de las leyes del movimiento en relación
con las fuerzas que lo producen", según la Academia de la lengua.
Roberto
Micheletti, quien juró este domingo en reemplazo de Manuel Zelaya,
aseguró en un discurso que "el proceso de transición es absolutamente
legal".
Lo
crucial es la legalidad de lo actuado y que esa rectitud está sujeta a
variaciones, algo que también puede ocurrir con la legitimidad, aunque
por carriles diferentes
Raúl Fain Binda
Enrique
Ortez Colindres, quien asumió la cartera de Relaciones Exteriores, en
reemplazo de Patricia Rodas, dijo a la BBC que en el exterior se habla
de golpe de Estado porque "siempre los ejércitos han salido a destruir
o a quitar funciones a los poderes establecidos. En este caso tenemos
los tres poderes. No se ha tocado absolutamente nada, más bien se
desposeyó a él (Zelaya) de la función de presidente para que se
cumplieran los estamentos del Estado y así se hizo".
Las
nuevas autoridades sostienen, entonces, que lo ocurrido fue una
reacción institucional a un comportamiento ilegal anterior de Zelaya.
Sobre
la legalidad de lo que ha ocurrido y ocurrirá en Honduras juzgarán, en
definitiva, los propios hondureños. En el exterior, en cambio, se
presta más atención a otro concepto, parecido pero diferente: la
legitimidad.
Trasciende sectores
Legalidad y legitimidad no son lo mismo pero se complementan... a veces, al menos.
Es importante esta distinción.
Legalidad y legitimidad son nociones diferentes, aunque complementarias.
La
legalidad excluye el manejo arbitrario del poder, pero deja margen para
ajustes que el poder considere convenientes, supuestamente para el bien
común (aunque en la mayoría de los casos sea el suyo propio).
La
ambición de un gobernante de extender su mandato, limitado por las
normas vigentes, es común a políticos de todo pelaje, cuando sus
circunstancias le permiten el uso -y hasta el abuso- de los
instrumentos constitucionales correspondientes.
No
se trata de una predilección exclusiva de populistas de izquierda, ya
que la tentación también alcanza a populistas de signo opuesto. Tampoco
es algo exclusivamente latinoamericano, ya que lo hemos visto en un
millonario estadounidense metido a político, Michael Bloomberg.
El
alcalde de Nueva York buscó y obtuvo, el año pasado, una reforma de las
normas electorales de la ciudad, para quedarse un tercer período en el
cargo (y así poder, según los comentaristas, fortalecer sus
aspiraciones a la nominación presidencial por el Partido Republicano de
Estados Unidos).
Ya lo dijo Obama
Se
dirá que lo crucial es la legalidad de lo actuado y que esa rectitud
está sujeta a variaciones, algo que también puede ocurrir con la
legitimidad, aunque por carriles diferentes.
La última palabra sobre la legalidad y legitimidad del gobierno interino la tendrá el pueblo, dice Fain Binda.
En política siempre hay una tensión entre estos dos conceptos.
Una definición de legitimidad nos dice que es "el elemento integrador de las relaciones políticas de mando y obediencia".
Concretamente,
es el factor que determina la aceptación social de la legalidad, o de
la nueva legalidad, en el caso que nos ocupa.
El
Presidente Barack Obama, que no reconoce al nuevo gobierno hondureño,
tocó el tema al pronunciarse sobre la posibilidad de un referendo para
la extensión del mandato del presidente colombiano Álvaro Uribe, tras
el encuentro de ambos en la Casa Blanca.
"Creo
que, en última instancia, lo más importante es que las personas sientan
un sentido de legitimidad y propiedad, y que esto no es algo que se les
imponga desde arriba", dijo, según informó BBC Mundo.
En
otras palabras, Obama le está diciendo a Uribe que más allá de la
legalidad del referendo, lo que está en juego es su legitimidad.
La
nueva realidad social en los países americanos excluye cambios de
régimen con las características del hondureño, más allá de su
"legalidad".
Esas cosas ya no se hacen, por la misma razón que en una sociedad bien organizada no se admite el orden de los vigilantes.
Raúl Fain Binda
Si
el presidente Zelaya estaba procediendo ilegalmente (y las razones de
quienes así lo creen suenan convincentes para muchos), el camino para
su destitución era el juicio político, que ya estaba en marcha, y no la
fuerza militar de madrugada.
Esas cosas ya no se hacen, por la misma razón que en una sociedad bien organizada no se admite el orden de los vigilantes.
Republicanos... ¿siempre?
Queda
en pie un interrogante que muy bien podrían plantear las nuevas
autoridades hondureñas: ¿mostrarían tanto celo republicano los
presidentes que se han solidarizado con Zelaya, en el caso de que la
víctima del golpe hubiera sido el presidente Uribe, por ejemplo?
Y otro: ¿qué hubiera pasado si en vez de ser presidente Obama hubiera sido presidente Bush?
Esto
ya entra en el terreno de la especulación, pero sean cuales fueren las
respuestas, sólo reflejarían algunos de los muchos hilos en la trama de
la legitimidad.
BBC Mundo
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